El 20 de julio de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Digitalización de Servicios Financieros, un marco normativo que impulsa la modernización del sector financiero mexicano mediante la adopción de tecnologías digitales, al tiempo que refuerza la regulación para prevenir riesgos asociados, como el lavado de dinero y el fraude cibernético.
Objetivos principales
La ley tiene como propósito fomentar la inclusión financiera, optimizar la eficiencia de los servicios financieros y garantizar la seguridad de las operaciones digitales. Se alinea con los estándares internacionales de innovación financiera y prevención de delitos financieros, promoviendo la competitividad del sector en un entorno global.
Cambios relevantes
Regulación de plataformas digitales: Las instituciones financieras y las fintech que operen plataformas digitales deberán implementar sistemas de autenticación robustos, como la verificación biométrica y la Llave Financiera MX, un mecanismo de identificación único vinculado a la Clave Única de Registro de Población (CURP).
Prevención de lavado de dinero en entornos digitales: Las operaciones realizadas a través de plataformas digitales, incluidas aquellas con activos virtuales (criptomonedas), estarán sujetas a un monitoreo reforzado. Las empresas deberán reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cualquier operación que supere los umbrales establecidos por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que ahora se miden en Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Protección de datos personales: La ley establece lineamientos estrictos para el resguardo de datos personales en plataformas financieras, exigiendo el consentimiento expreso de los usuarios y la implementación de protocolos de ciberseguridad. Sin embargo, la falta de un órgano autónomo como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha generado preocupaciones sobre la supervisión efectiva.
Interoperabilidad y estandarización: Se crea el Sistema Nacional de Interoperabilidad Financiera, que permitirá a las instituciones compartir información de manera segura y estandarizada, facilitando la portabilidad de servicios financieros para los usuarios.
Capacitación y auditorías: Las entidades reguladas deberán capacitar a su personal en materia de ciberseguridad y cumplimiento antilavado, además de someterse a auditorías periódicas para verificar la integridad de sus sistemas digitales.
Implicaciones para el sector financiero
Esta ley representa un avance hacia la digitalización del sector financiero, pero también incrementa las obligaciones de cumplimiento para las empresas. Las fintech y bancos tradicionales deberán invertir en infraestructura tecnológica y en procesos de capacitación para adaptarse a los nuevos requisitos. Además, el enfoque en la prevención de lavado de dinero refuerza la necesidad de implementar sistemas automatizados de monitoreo, en línea con las reformas a la LFPIORPI publicadas el 16 de julio de 2025.
Plazos de implementación
La ley entró en vigor el 21 de julio de 2025, pero las disposiciones relacionadas con la interoperabilidad y los sistemas de monitoreo estarán sujetas a reglas de carácter general que emitirá la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en un plazo de 18 meses. Las entidades financieras deberán iniciar los procesos de adecuación de inmediato para evitar sanciones.
Fuentes confiables:
Diario Oficial de la Federación, 20 de julio de 2025: https://www.dof.gob.mx/
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): https://www.cnbv.gob.mx/
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): https://www.gob.mx/shcp
