El Ejecutivo del Estado promulgó en el Periodo Oficial del Estado el 9 de octubre de 2024, el Decreto número 013 por el que se expide el Código de Procedimientos y Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo (el “Decreto”).
El Código tiene como objetivos y propósitos fundamentales establecer un marco jurídico que regule de manera adecuada la organización, funcionamiento y control de los actos realizados por la administración pública en sus tres niveles de gobierno. Esto implica garantizar que todas las decisiones y acciones de las autoridades administrativas se realicen dentro del marco de la legalidad, el debido proceso y el respeto a los derechos de los ciudadanos, buscando garantizar que el cumplimiento de las leyes se realice con respeto a los derechos fundamentales, protegiendo a los gobernados frente a eventuales abusos de poder por parte de los servidores públicos.
El Código incluye la adopción del principio de justicia abierta por parte del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción en el ejercicio de sus atribuciones. Este principio busca garantizar que las actuaciones del tribunal se realicen con total transparencia, con una perspectiva de género y de derechos humanos, promoviendo la rendición de cuentas y la participación ciudadana. La adopción de tecnologías de la información es un componente clave de este nuevo enfoque, asegurando que los ciudadanos puedan acceder a la información y a los procesos judiciales de manera clara, comprensible y eficiente. La justicia abierta no solo implica una mayor transparencia, sino también un acceso igualitario a la justicia, donde todos los ciudadanos, sin importar su género, origen étnico, nivel socioeconómico u otras características, puedan ser tratados con dignidad y respeto.
Otro aspecto relevante del Código es la división entre las normas orgánicas y las procesales en el Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Actualmente, el mismo cuerpo normativo regula tanto la organización del Tribunal como los procedimientos administrativos y contenciosos. Con este Codigo se busca separar estas regulaciones y así facilitar su comprensión y aplicación por parte de las autoridades y los ciudadanos. Esta división contribuirá a una mayor eficiencia en la aplicación de la normativa y permitirá que el sistema de justicia administrativa funcione de manera más coherente y accesible.
Adicional, el Codigo busca innovar en la tramitación del Juicio Contencioso Administrativo, incorporando un Capítulo XIV denominado del Juicio en Línea. Este juicio surge como una alternativa moderna y eficiente, basada en el uso de medios electrónicos, que permitirá a los ciudadanos tramitar sus asuntos judiciales de manera remota, aprovechando las ventajas de las tecnologías de la información.
Por lo anterior, con el Decreto se busca prevenir actos arbitrarios y fomentar una administración pública que actúe con apego a los principios fundamentales de legalidad, eficacia, gratuidad, buena fe, proporcionalidad, justicia abierta, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y, sobre todo, respeto a los derechos humanos. Con este enfoque, se busca que las autoridades actúen de manera responsable y en cumplimiento de los estándares más altos de ética y servicio público.
El decreto entró en vigor el mismo día de su publicación (i.e. 9 de octubre de 2024)